El deporte después del terremoto: un desafío para quienes lo lideramos

Foto: suministrada, Secretaría de Deporte y Recreación de Pereira. Coliseo Primero de Febrero tras el terremoto registrado el 10 de agosto en Colombia. Composición Semilleros Deportivos
Quienes ejercemos responsabilidades profesionales en el sector deporte tenemos motivos para detenernos a leer y reflexionar sobre el proceso de reconstrucción.
El terremoto afectó escenarios, interrumpió procesos y comprometió los ingresos de muchas personas que viven de esta actividad. hemos logrado que esas necesidades tengan suficiente reconocimiento en las decisiones públicas?
Este artículo nos invita a revisar nuestro papel como líderes, nuestra capacidad de articulación y las acciones que podemos impulsar para que la recuperación incluya a quienes sostienen cotidianamente el deporte.
El terremoto del 10 de agosto de 2026 nos obliga a revisar cómo entendemos y ejercemos el liderazgo del deporte.
Quienes trabajamos en la gerencia pública, las ligas y los clubes, la academia o las empresas vinculadas al sector tenemos una responsabilidad compartida: lograr que la recuperación incluya a las personas que viven de esta actividad. Las canchas, piscinas y coliseos requieren intervenciones urgentes; alrededor de ellos también hay empleos, pequeños negocios y proyectos de vida cuya continuidad está comprometida.
Cuando se suspende el funcionamiento de un escenario, las consecuencias se extienden a la escuela de formación que deja de recibir matrículas, al entrenador que pierde sesiones de trabajo, al profesional de la salud que reduce sus consultas y al organizador que cancela un evento. También alcanzan a los comercios y proveedores que dependen de esa actividad. Una instalación puede seguir en pie y, aun así, su cierre producir pérdidas económicas importantes. Reconocer esa diferencia es indispensable para entender qué debemos recuperar.

Foto: suministrada, Secretaría de Deporte y Recreación de Pereira. Piscinas de la Villa Olímpicamente Pereira tras el sismo registrado el 10 de agosto en Colombia.
El deporte tiene, además, una dimensión que exige especial cuidado
La Ley 181 de 1995 concibe el Sistema Nacional del Deporte como un conjunto de organismos articulados para facilitar el acceso al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. Su propósito comprende la formación y la calidad de vida de la comunidad. La recuperación debe proteger ese acceso, incluidos los procesos comunitarios y la participación de las personas con discapacidad, junto con las condiciones de quienes prestan los servicios.
La expresión clúster del deporte ayuda a identificar las relaciones entre organizaciones deportivas, empresas, proveedores, instituciones educativas y entidades públicas de un territorio. Sin embargo, esa red económica no coincide exactamente con los organismos del Sistema Nacional del Deporte. Un club y un almacén de implementos tienen naturalezas y funciones diferentes, aunque ambos puedan sufrir por la interrupción de la práctica deportiva. Para efectos de la recuperación necesitamos reconocer esas diferencias y caracterizar sus necesidades.
La emergencia mostró una capacidad de solidaridad que merece reconocimiento. Las iniciativas de ayuda mutua descritas por actores del sector, entre ellas las promovidas desde ligas y clubes, permitieron acompañar a personas afectadas y movilizar apoyos. Pero esa experiencia también nos interpela: conseguimos convertir la cercanía entre colegas en una representación organizada ante las instancias que deciden la recuperación? La solidaridad inmediata necesita prolongarse en información, propuestas y participación sostenida.
Una de esas instancias es el Plan de Acción Específico para la Recuperación, conocido como PAE. Según el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, una vez declarada la situación de desastre o calamidad pública, las autoridades nacionales y territoriales deben elaborar este instrumento para orientar la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. Su cumplimiento obliga a las entidades públicas y privadas llamadas a ejecutarlo. Allí se organizan las acciones de recuperación y deben concretarse responsables, necesidades y mecanismos de financiación. Estar adecuadamente representados en el PAE influye en la respuesta institucional que recibiremos.

Foto: suministrada, Secretaría de Deporte y Recreación de Pereira. Pozo de clavados, tras el sismo registrado el 10 de agosto en
Las cifras del PAE nacional preliminar muestran la magnitud del problema
La tabla 13 reporta 182 instalaciones deportivas afectadas en 53 municipios de siete departamentos: 86 con destrucción total y 96 con daño parcial. Estima daños por $282.471 millones; de ellos, $53.073 millones corresponden a Risaralda, donde registra 44 instalaciones afectadas. Son valoraciones preliminares que requieren validación técnica, pero permiten dimensionar la urgencia de recuperar espacios seguros para la práctica deportiva y recreativa.
En esa misma tabla aparece una ausencia decisiva: las pérdidas económicas del deporte figuran como “No estimado” en todos los departamentos. El documento sí reconoce afectaciones al empleo, interrupciones de servicios, pérdidas de taquilla y mayores costos de operación. Incluso recomienda trascender la reposición física de los escenarios. Por tanto, la crítica debe ser precisa: existe reconocimiento narrativo del problema, pero falta una cuantificación de las pérdidas y una respuesta suficientemente concreta para los medios de vida vinculados al sector (PAE nacional preliminar, pp. 39–42).
La comparación con cultura ofrece una lección
El PAE nacional identifica 421 procesos culturales afectados y 4.190 personas del sector registradas en el Registro Único de Damnificados; además, estima pérdidas por $15.730 millones, aunque advierte subregistro. En Pereira, el diagnóstico cultural recoge 1.328 registros censales, de los cuales 802 reportan la actividad cultural como principal fuente de ingresos. El PAE municipal propone un mecanismo para recuperar las cadenas creativas, orientado a producción, ventas y empleo. Risaralda plantea convocatorias extraordinarias y apoyos a la continuidad de la formación artística, sujetos a aceptación y disponibilidad presupuestal. Son propuestas de recuperación, no prueba de recursos ya desembolsados.
La enseñanza tampoco consiste en enfrentar sectores. Resulta más preciso hablar de agentes culturales y sector cultural y creativo que reducir su diversidad a la expresión economía naranja. Lo relevante es que sus instrumentos de planeación identifican personas, procesos y necesidades económicas. En deporte, Pereira concentra buena parte de sus acciones en los escenarios; Risaralda también contempla la continuidad de la preparación y participación deportiva, además de infraestructura accesible. Esos esfuerzos son necesarios, pero dejan insuficientemente caracterizada la situación de entrenadores independientes, escuelas, emprendimientos y demás trabajadores de la economía del deporte.
Esa brecha exige autocrítica. ¿Sabemos cuántas personas obtienen sus ingresos de esta actividad? ¿Cuántos contratos se suspendieron, cuántos empleos están en riesgo o cuánto cuesta mantener una escuela en una sede provisional? Desde la academia podemos contribuir a producir esa información; desde las organizaciones y empresas, a reportarla; desde la administración pública, a integrarla en decisiones. La falta de datos no elimina la obligación estatal de atender a los afectados, pero sí dificulta formular apoyos pertinentes y verificar sus resultados.
También debemos exigir claridad sobre las obras
Antes del terremoto ya existían alertas oficiales por retrasos en escenarios de los Juegos Nacionales y Para nacionales del Eje Cafetero 2023. La Procuraduría informó, a pocos días de su inicio, que el 40 % de las obras no estaba culminado. Ese antecedente obliga a contrastar el estado anterior de cada instalación con las afectaciones del sismo.
Esta revisión también resulta pertinente para escenarios como el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira y el Palogrande de Manizales, afectados por el terremoto y que venían siendo objeto de intervenciones de mejoramiento y modernización impulsadas por sus administraciones municipales con recursos públicos. En estos casos, la recuperación debe articularse con las inversiones ya contratadas o ejecutadas, precisando qué componentes fueron intervenidos, cuáles estaban pendientes y qué daños produjo el sismo. Esa claridad permite proteger la inversión realizada y sustentar las necesidades adicionales de financiación.
Cada solicitud de recursos debe diferenciar daños atribuibles al terremoto, deficiencias constructivas anteriores, mantenimiento pendiente y obras inconclusas. Los estudios de patología y vulnerabilidad, los expedientes contractuales y las garantías deben permitir establecer qué corresponde financiar y quién debe responder. Cuando existan indicios de corrupción o irregularidades, deben investigarse y determinarse las responsabilidades. La reconstrucción exige esa trazabilidad para impedir que la emergencia diluya obligaciones anteriores o permita financiar dos veces una misma intervención.
El liderazgo que necesitamos empieza por organizarnos para actuar juntos
Una mesa de recuperación del sector, con representación de trabajadores independientes, organismos deportivos, empresas y academia, convocado por las secretarías de deporte y recreación permitiría consolidar un registro verificable de afectaciones y formular propuestas. Ese trabajo debe incluir a municipios pequeños y actividades comunitarias, y articularse con las dependencias de desarrollo económico, empleo y gestión del riesgo. Los programas generales de reactivación pueden ofrecer oportunidades, pero necesitamos hacer explícita la participación de quienes viven del deporte.
Corresponde solicitar al Ministerio del Deporte y a las secretarías territoriales que lideren esta caracterización y concierten líneas programáticas para recuperar los medios de vida del sector. La gestión ante el Fondo Milagro debe sustentarse en proyectos, criterios de acceso y recursos definidos, dentro de su marco jurídico y presupuestal.
Entre las alternativas por evaluar están el apoyo a los procesos de formación y competencia deportiva, el acceso a sedes seguras, la reposición de implementos y los instrumentos de reactivación para unidades productivas afectadas. Su resultado deberá medirse también en empleos preservados, servicios restablecidos y personas que recuperan sus ingresos. Quienes asumimos responsabilidades de liderazgo debemos lograr que esas personas tengan voz en la reconstrucción que comienza.
«Unidos somos más. Más deporte, más región»




